La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima Sur, frente a los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro país, manifestamos a la opinión pública lo siguiente:
PRIMERO: EXPRESAMOS nuestro rechazo a todo acto de corrupción contra el Estado que involucre a cualquier individuo o autoridad, exigiendo que se investigue a profundidad, y de acreditarse los hechos, se condene con severidad, siempre respetando los derechos fundamentales de las personas investigadas.
SEGUNDO: RECHAZAMOS el comportamiento de jueces y fiscales que no están observando las garantías mínimas del debido proceso, y que por el contrario están utilizando sus atribuciones, para administrar justicia de forma mediática, trasladando los debates políticos a las salas de audiencias del Poder Judicial.
TERCERO: MEDIANTE pronunciamiento de fecha 17 de octubre de 2018, el Colegio de Abogados de Lima Sur, EXHORTO a las autoridades jurisdiccionales a garantizar el debido proceso, así como los derechos fundamentales de las personas investigadas o procesadas, observando los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional, esto es la prisión preventiva como “última ratio” y que al investigado se le preserve su derecho a la presunción de inocencia.
CUARTO: NOS PREOCUPA que la democracia y la institucionalidad política de nuestro país, se vean afectadas, con las serias limitaciones y/o restricciones al ejercicio de las libertades personales de los principales líderes de la oposición política, no debemos olvidar que el respeto a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales, son los pilares del Sistema de Administración de Justicia.
En tal sentido EXHORTAMOS REITERATIVAMENTE a las instituciones del Sistema de Administración de Justicia, observar las garantías mínimas del debido proceso, y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas investigadas y procesadas, evitando la judicialización de la política.
Villa María del Triunfo, 19 de noviembre de 2018.
